Al conocer sobre el avance de los proyectos de generación eléctrica en Chiloé, llama la atención que muchos de estos soliciten concesiones mineras en los territorios donde pretenden desarrollarse. El pedimento minero o solicitud de concesión de exploración o explotación minera, es una práctica habitual e importante en la estrategia de posicionamiento territorial de las empresas del sector energético. La concesión les otorga derechos reales y certeza jurídica para realizar su proyecto frente a otras vocaciones e intereses en el mismo territorio, sea de otras empresas o de afectados ambientales.

La Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras 18.097, en su artículo segundo dispone que las concesiones mineras “son derechos reales e inmuebles; distintos e independientes del dominio del predio superficial, aunque tengan un mismo dueño”. El predio superficial donde se ubican “debe soportar un gravamen en su favor”, es decir, las concesiones impactan en el ejercicio del derecho de propiedad del predio superficial ¹⁾. El concesionario tiene derecho de servidumbre minera en los terrenos superficiales que coinciden con su concesión subterránea, con el objeto de poder desarrollar su actividad de exploración o explotación del subsuelo.

Las concesiones mineras se constituyen por vía judicial, por este motivo las empresas acuden a los juzgados locales de los municipios y territorios donde pretenden desarrollar su proyecto. Después de completar el procedimiento judicial y administrativo, las concesiones otorgadas son publicadas en el Boletín Oficial de Minería del Diario Oficial. La concesión minera de exploración tiene una duración de dos años y el concesionario puede solicitar una prórroga por dos años más. En el portal virtual del Servicio Nacional de Geología y Minera puede consultarse un mapa con las concesiones mineras actuales ²⁾.

El análisis de los proyectos energético en las provincias de Chiloé y Llanquihue, indica que estas solicitudes se realizan en las etapas tempranas de los proyectos, previos a su presentación a las autoridades mediante audiencias de lobby y al relacionamiento con las comunidades que serán impactadas, asimismo son previas a los estudios ambientales en terreno y a su ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. El pedimento minero es un procedimiento independiente al cumplimiento de la legislación ambiental y no necesita la obtención de una resolución de calificación ambiental. Por ser un trámite judicial, generalmente pasa desapercibido para la población local afectada.

En el norte del país, donde históricamente predomina la actividad minera a gran escala, durante los últimos años va en aumento el desarrollo de proyectos de energías solar y eólica que también necesitan grandes extensiones de tierras para instalarse. Esto ha producido conflictos por espacio entre ambas industrias, que en el plano jurídico y desde el punto de vista de la industria energética y las políticas públicas que fomentan las energías renovables, radicarían en que el estatuto minero es un obstáculo para el desarrollo de las energías renovables ³⁾. Para un proyecto de energías renovables que pretende instalarse en un lugar determinado, la incertidumbre sobre los derechos de propiedad, incluyendo los derechos sobre concesiones mineras, se traduce en un aumento de los indicadores de riesgo de inversión y por ende en dificultades para conseguir su financiamiento con los bancos.

Sin embargo, en el sur del país y particularmente en Chiloé no predominan las concesiones mineras pertenecientes a empresas mineras, lo que ha permitido que en pocos años la industria eléctrica haya conseguido grandes extensiones mediante pedimentos mineros. En las provincias de Chiloé y Llanquihue esto transforma el estatuto minero en una apoyo para el desarrollo de la energía eólica a escala industrial, pero en un obstáculo para la defensa de los afectados ambientales de estos proyectos y también para las políticas públicas que dan preeminencia a otras vocaciones territoriales.

Por ejemplo, la empresa energética Engie SA obtuvo la concesión minera “Alcaldeo” donde pretende construir el gran complejo eólico industrial Vientos del Archipiélago, ubicándose los polígonos concesionados en el corazón de la Cordillera del Piwchén, un lugar fundamental para la seguridad hídrica de Chiloé, la conservación de la biodiversidad nativa, la espiritualidad indígena y la adaptación al cambio climático global. Algo similar ocurre con su concesión “Albatroz” para desarrollar su proyecto eólico Los Portones. Otro caso es el proyecto eólico Pacífico ubicado al oeste de Ancud que ha obtenido concesiones mineras con el propósito de “blindar” su proyecto⁴⁾.

Además se ha señalado que otros proyectos eléctricos en la región han solicitado concesiones mineras con el fin de disminuir el valor monetario de los terrenos que necesitan adquirir o indemnizar para instalar su infraestructura y servidumbre eléctrica ⁵⁾. La incertidumbre, el riesgo y las afectaciones económicas son ahora de los afectados ambientales.

De manera que estas concesiones o pedimentos mineros, aseguran un derecho real sobre el subsuelo y otorga la certeza jurídica a las empresas para realizar sus proyecto en la superficie, ante cualquier concesión minera en el mismo territorio que pudiese pedir indemnización o interferir en la realización de sus obras (excavación para la base de las torres, por ejemplo). Además, les da derecho de construir servidumbres de paso y hacer prospección en los terrenos superficiales, aunque los dueños de aquellas propiedades se opongan. También tienen una función en la especulación, y permite reservar ese territorio ante las pretensiones de otras empresas eléctricas o mineras, e incluso de otras actividades productivas, de desarrollar proyectos en el mismo lugar.

Federico Valdés Bize